Ecuador.- El presidente Guillermo Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él, con un Parlamento que, a su juicio, “tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado”.
Es así que Lasso invocó sus poderes constitucionales para aplicar una medida de la que advirtió previamente y que implicará la convocatoria de nuevas elecciones.
En este sentido, afirmó que ser presidente es “un honor sin comparación”, que implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”.
La medida, contemplada en la Constitución, se le denomina como “muerte cruzada”, responde a que en dicha Asamblea Nacional se había aprobado iniciarle un juicio político por peculado.
A diferencia de lo que ocurrió con Pedro Castillo en Perú, en Ecuador Lasso obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional al rechazar una serie de casos presentados por políticos de la oposición para bloquear la decisión del presidente, allanando el camino para elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
Miembros de partidos de oposición, junto con organizaciones sociales, presentaron seis casos separados ante la corte, solicitando que se declare inconstitucional la decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional por decreto.
“Como consecuencia de la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto impugnado”, dijo la corte en un comunicado.
El presidente aludió a una grave crisis política y una conmoción interna en el país como razones para tomar la medida.
Por su parte, el tribunal electoral dijo que las elecciones anticipadas podrían tener lugar el 20 de agosto.
Si hay una segunda vuelta para elegir presidente, podría celebrarse el 15 de octubre. Tras el fallo de la Corte Constitucional, el tribunal electoral aprobó el inicio del proceso electoral y su titular, Diana Atamaint, dijo que ahora nadie puede obstruir las elecciones.
El mandatario permanecerá en el cargo y gobernará por decreto hasta que se elija a su sucesor y una nueva legislatura.
Los elegidos en las elecciones anticipadas solo estarían en sus cargos hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025.
