Durante décadas, los vales federales de vivienda, conocidos abreviadamente como Sección 8, han ayudado a los hogares de inmigrantes y a otros inquilinos de bajos ingresos a mantener un techo sobre sus cabezas.
Sin embargo, una propuesta federal que lleva años gestándose podría obligar a las familias inmigrantes a separarse o a enfrentarse al desalojo de sus viviendas subsidiadas. Esta nueva norma, que aún no ha entrado en vigor, también ha colocado a los proveedores de vivienda en un posible limbo jurídico.
En febrero, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) anunció que prohibiría los subsidios de alquiler para los hogares de inmigrantes de estatus mixto, en los que algunos miembros poseen residencia legal en Estados Unidos y otros no.
Antes de poner fin a la elegibilidad de los hogares de estatus mixto, el HUD debe someterse a un periodo de comentarios públicos. Es probable que se presenten demandas cuando la agencia ponga en vigor dicha norma.
No obstante, el HUD ya está ejerciendo presión sobre la situación. Ha exigido a las autoridades locales de las ciudades que proporcionen registros sobre el estatus migratorio legal de ciertos residentes pertenecientes a hogares en los que alguno de sus miembros recibe vales del Programa de la Sección 8.
