Como un intento de intimidación y persecución política, así describió la congresista Ilhan Omar las acciones de los agentes federales que registraron su residencia en Washington D. C. el 12 de octubre.
Ese día, muy temprano por la mañana, los agentes arribaron a la residencia de la representante del 5.º Distrito en Minnesota.
Según NBC News, una de las personas al tanto de las pesquisas indicó que el registro forma parte de una investigación penal de larga duración llevada a cabo por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Fiscalía Federal en Minneapolis y el Departamento de Justicia.
La investigación, que involucra a denunciantes, documentos y testimonios de testigos, aborda cuestiones de inmigración y fraude, pero va más allá de esos aspectos, señaló la fuente.
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional «ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente» como «parte de una investigación penal federal en curso».
Sin embargo, el comunicado no especificó que la orden estuviera relacionada con Omar ni ofreció más detalles sobre la naturaleza de la investigación.
Por su parte, la congresista respondió con un comunicado por medio de su cuenta de X. Allí, explicó lo que ella considera que está pasando.
“No seré silenciada”, dijo.
“No se equivoquen: este es un intento de atacar a los enemigos políticos y utilizar como arma a las fuerzas del orden federales. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”, agregó.
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes afirmaron en un comunicado conjunto que el registro resultaba «profundamente inquietante» y planteaba «serios interrogantes sobre el continuo uso corrupto del gobierno federal como arma contra los adversarios de Donald Trump».
El líder de la minoría, Hakeem Jeffries (Nueva York); la coordinadora de la minoría, Katherine Clark (Massachusetts); y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar (California), prometieron en el comunicado «exigir plena rendición de cuentas por el abuso de poder arbitrario cometido por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia». Mientras que los medios de comunicación hablaban de este hecho, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional remitieron las preguntas sobre la diligencia al Departamento de Justicia.
Tal y como lo dijo Omar en su comunicado, Trump ha arremetido frecuentemente contra ella, criticando sus posturas liberales y afirmando que debería «regresar» al lugar de donde vino.
Omar, quien busca la reelección en Minnesota, emigró a Estados Unidos desde Somalia cuando era niña, en la década de 1990.
El momento en que se realizó el registro del lunes lo somete a un escrutinio adicional: faltan 22 días para las elecciones de mitad de mandato, y existe una práctica arraigada en el Departamento de Justicia que insta a los fiscales a extremar la precaución ante acciones cercanas a unos comicios que pudieran parecer favorecer o perjudicar a un candidato.
No existe una norma absoluta que prohíba al departamento actuar en los 60 días previos a una elección, pero esa ha sido durante mucho tiempo una práctica no escrita. La política oficial establece que los fiscales y agentes no deben programar diligencias de investigación ni declaraciones públicas con el fin de influir en una elección, y les ordena solicitar orientación cuando el momento elegido pueda suscitar dudas.
