Desde el año 2012, cuando el presidente Barack Obama firmó una ley ejecutiva que daba a los ‘soñadores’ la oportunidad de tener un estatus legal, a medias, pero legal.
Se trataba de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un programa que hasta la fecha provee permiso de trabajo a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos.
En su mayoría, los beneficiados eran profesionales que tienen una carrera, pero que no podían ejercer debido a la falta de documentos.
Ese mes de junio, las cosas cambiaron para muchos, pues aunque este beneficio no permite salir del país, le da a quienes lo reciben la oportunidad de realizarse profesionalmente y tener una licencia de conducir en este estado que requiere un número de seguro social para poder adquirir una.
Hasta allí, todo marcha bien, pero por años los republicanos de varios estados se han dedicado a ponerle trabas a este programa utilizando recursos que pudieran ser utilizados en otras cosas, quizás de mejor provecho.
El gobierno del estado de Texas ha sido durante años recientes el principal precursor de estas demandas contra el gobierno federal para ponerle fin al beneficio de DACA y actualmente otros 8 estados se unieron.
Este 13 de septiembre, el juez federal Andrew Hanen, declaró como ilegal la versión más reciente del programa Acción Diferida, un golpe más para los miles de beneficiarios.
Ya se prevé que este fallo sea llevado a la Corte Suprema, que por tercera vez tendrá que ver y analizar este programa.
La página oficial del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, dice que mientras permanezca en efecto la orden judicial del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitida el 16 de julio de 2022, que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito, y el 14 de octubre de 2022 fue extendida por el tribunal de distrito a la regla final de DACA, DHS tiene prohibido otorgar nuevas peticiones de DACA y autorizaciones de empleo relacionadas con estas bajo la regla final. Hasta el mes de diciembre del 2022, había registrados unos 580,000 beneficiarios de DACA, el 17% de estos ‘soñadores’ vive en el estado de Texas.
Según estadísticas, la mayoría de ellos son menores de 36 años y la mitad son mujeres, también se reportan como una mayoría que es saludable.
El 81% de quienes tienen DACA son originarios del país vecino de México. Tenemos que destacar que en la fuerza laboral los beneficiarios de DACA son una parte muy importante, según datos de www.americanprogress.org, 340,000 de ellos tienen un trabajo considerado como esencial.
Entre estos como trabajadores de la salud, educadores y en la cadena alimenticia. Este mismo sitio dice que pagan $6.2 billones de dólares de impuestos federales, de los cuales en Texas son por lo menos $782.5 millones de dólares.
En cuanto al tema de bienes raíces, poseen unas 68,000 casas y pagan $780 millones en pagos hipotecarios.
Sin contar los 2.5 billones de rentas que pagan, y todo este dinero se iría si son deportados o les quitan este beneficio.
Eso es algo que quienes están en contra de DACA o quieren utilizarlo para beneficios políticos no toman en cuenta.
Solo queda esperar que los líderes en el Congreso y Senado actúen para que los ‘soñadores’ tengan un final feliz.
¿Usted qué opina?
