Faltaban horas para que la norma sanitaria implementada por Covid-19, denominada como Título 42 dejara de aplicarse contra inmigrantes; pero el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, John Roberts, emitió una consigna pausando “hasta nueva orden” la anulación de la norma, que un juez federal de Washington, D.C. había dictaminado el mes pasado.
“Texas y otros estados insisten en que el Supremo permita que se mantenga el Título 42. La decisión de hoy es un paso en esa dirección”, escribió en Twitter el gobernador de Texas, Greg Abott, quien aseguró que la norma “previene la inmigración ilegal”.
La corte decidió conceder así una petición de los fiscales generales de Texas y otros 18 estados controlados por republicanos para mantener en vigor la normativa, que ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos y por la propia administración del presidente Joe Biden y estaba previsto que dejara de aplicarse el miércoles 21 de diciembre.
Los fiscales consideran que el levantamiento de la norma provocaría “un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular”, según la petición que hicieron en la mañana de este lunes al Supremo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense confirmó que seguirá aplicando el Título 42 mientras hace las preparaciones necesarias para asegurar la frontera una vez la normativa deje de estar en vigor, al tiempo que pidió nuevos fondos al Congreso para contratar más personal y comprar equipamiento.
Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden, que, pese a sus críticas, se valió de la norma para expulsar a miles de haitianos tras la crisis fronteriza en Del Río en Texas.
En su demanda ante el Supremo, los fiscales dan por hecho que el fin de esta política va a conllevar un aumento de cruces fronterizos significativo, de modo que las autoridades estatales deberán “dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica”.
“Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42”, apuntaron en la petición respaldada después por el Supremo.
