Houston.- El juez federal David Ezra, del distrito oeste, ordenó al gobierno de Greg Abbott retirar antes del 15 de septiembre la cadena de boyas que colocó sobre el río Grande, en la frontera sur con México.
Luego de determinar que la barrera constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río y por no haber solicitado autorización federal antes de instalar las boyas.
Las decenas de boyas de color naranja brillante forman una barrera de agua más larga que una cancha de futbol en un tramo de río donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México.
El gobierno de Texas también instaló alambre de púas y vallas de acero en la frontera, al tiempo que ha autorizado a agentes armados a arrestar a inmigrantes acusados de invasión de propiedad privada.
Todo esto como parte de una ofensiva contra el flujo migratorio que ordenó Abbott en reclamo a la gestión migratoria del gobierno federal estadounidense.
El caso llegó a un juzgado en el marco de la impugnación legal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó a Texas de colocar una barrera en la frontera internacional sin permiso.
La administración del presidente Joe Biden coincidió en que la barrera de agua planteaba preocupaciones humanitarias y ambientales.
El Departamento de Justicia había señalado que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México.
El gobierno federal celebró la medida: “Estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el río Grande y sus alrededores”, reaccionó en un comunicado la fiscal federal Vanita Gupta.
Desde hace varios años, gobernadores y legisladores republicanos, Abbott entre ellos, denuncian la llegada de inmigrantes ilegales, calificándola de “invasión”.
Sin embargo, la administración Biden afirma que el número de cruces ilegales se redujo significativamente desde que se introdujeron nuevas normas para optar al derecho de asilo.
“Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional (estatal) para afrontar la crisis que han causado. Texas lo verá en los tribunales, señor presidente”, apuntó Abbott luego de la difusión del fallo.
Además, la oficina del gobernador de Texas anunció que apelará la sentencia, al considerarla incorrecta.