Organizaciones de derechos civiles pidieron a una corte federal bloquear partes de la ley migratoria estatal, que permitiría a policías de Texas arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera sin autorización.
Organizaciones de derechos civiles presentaron una nueva demanda para intentar frenar partes de la ley SB 4 en Texas antes de que pueda entrar en vigor el 15 de mayo.
La ley, aprobada en 2023, crea delitos estatales relacionados con el ingreso no autorizado al país y permite que autoridades de Texas participen en procesos vinculados con la expulsión de personas si son condenadas bajo esas disposiciones.
La demanda busca bloquear cuatro partes de SB 4
La demanda fue presentada por el Texas Civil Rights Project, la American Civil Liberties Union of Texas y la ACLU. Las organizaciones argumentan que la ley invade un terreno que corresponde al gobierno federal: la aplicación de leyes migratorias.
El recurso legal busca detener cuatro disposiciones específicas de SB 4. Una de ellas crea un delito estatal por reingresar al país sin autorización, incluso en casos en que la persona haya obtenido estatus legal posteriormente.
Otra disposición permite que magistrados estatales emitan órdenes para sacar a una persona del país. La demanda también impugna el delito por no cumplir con una orden de ese tipo.
El cuarto punto cuestionado exige que magistrados continúen una acusación aun cuando la persona tenga un caso migratorio pendiente, como una solicitud de asilo.
Las organizaciones pidieron una orden de emergencia para impedir que esas partes de la ley entren en vigor mientras avanza el litigio.
SB 4 podría entrar en vigor el 15 de mayo
La ley puede entrar en vigor el 15 de mayo si no es detenida por otra corte. El calendario cambió después de que una corte federal de apelaciones levantó una orden previa que había mantenido pausada la aplicación de SB 4 durante años.
La decisión de la corte de apelaciones no resolvió de fondo si la ley es constitucional. El fallo se centró en si los demandantes del caso anterior tenían legitimación legal para presentar la demanda.
SB 4 fue aprobada por la Legislatura de Texas en 2023, durante una etapa de altos cruces fronterizos. Líderes republicanos del estado impulsaron la medida bajo el argumento de que Texas necesitaba herramientas propias para responder a la situación en la frontera.
Durante décadas, las cortes han sostenido que la aplicación de leyes migratorias corresponde al gobierno federal. La nueva demanda retoma ese argumento y sostiene que Texas no puede crear un esquema paralelo para arrestos, procesos y órdenes relacionadas con migración.
Lee más: Housto evalúa primera tarifa mensual de basura ante déficit de $174 millones
La ley permitiría arrestos por sospecha de cruce no autorizado
SB 4 permite que policías estatales y locales arresten a personas sospechosas de haber cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización.
La ley también crea delitos estatales por entrada o reentrada no autorizada. En algunos casos, una persona condenada bajo esas disposiciones podría enfrentar una orden emitida por un magistrado estatal para salir del país.
Los grupos demandantes sostienen que esas medidas pueden afectar a personas con casos migratorios abiertos o con estatus legal posterior. También advierten que la ley puede aumentar el riesgo de detenciones indebidas y conflictos entre autoridades estatales y el sistema federal migratorio.
La demanda fue presentada como una acción colectiva. Ese tipo de caso busca representar a un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas por la aplicación de las disposiciones impugnadas.
El gobierno federal salió del litigio anterior
SB 4 ya había enfrentado una demanda previa. En 2024, la administración del entonces presidente Joe Biden estuvo entre los demandantes que buscaban bloquear la ley.
Ese litigio continuó después de que la administración del presidente Donald Trump retiró la participación del Departamento de Justicia en 2025, en medio de una política migratoria federal más estricta.
Hace dos semanas, una corte federal de apelaciones levantó la orden que mantenía pausada la ley. La corte determinó que los demandantes de ese caso no tenían legitimación legal para continuar la impugnación.
Tras esa decisión, los grupos de derechos civiles presentaron la nueva demanda para intentar bloquear las partes de SB 4 que consideran inconstitucionales antes de la fecha prevista de entrada en vigor.
Texas defiende la ley como una medida de seguridad fronteriza
La Oficina del Procurador General de Texas, Ken Paxton, ha defendido SB 4 como una herramienta para reforzar la seguridad fronteriza y respaldar a las autoridades estatales.
Tras el fallo reciente de la corte de apelaciones, la oficina de Paxton celebró la decisión como una victoria para el estado y sostuvo que la ley permite a la policía estatal actuar frente a violaciones relacionadas con entrada y reentrada no autorizada.
La oficina del procurador no respondió de inmediato a la solicitud de comentario sobre la nueva demanda, según la información disponible.
El caso continuará en una corte federal mientras se acerca la fecha del 15 de mayo. Si un tribunal concede la orden de emergencia solicitada por las organizaciones, las disposiciones impugnadas quedarían bloqueadas antes de entrar en vigor.
