Perú.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en este país ha sumido a toda la población en un escenario de máxima expectativa e incertidumbre debido a un histórico empate técnico entre los dos aspirantes. Tras la jornada electoral del pasado domingo, los datos oficiales procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirman que la definición del próximo jefe de Estado se jugará voto a voto.
Con más del noventa y cinco por ciento de las actas escrutadas, el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, ha logrado consolidar una ventaja milimétrica sobre la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La diferencia entre ambos contendientes se sitúa en apenas unas pocas decenas de miles de sufragios, lo que refleja la profunda polarización política que arrastra la nación andina.
El avance del conteo ha mostrado una evolución dinámica. Durante las primeras horas posteriores al cierre de los centros de votación, los sondeos a boca de urna y los primeros reportes oficiales favorecían de manera preliminar a Fujimori, impulsada principalmente por el respaldo masivo obtenido en Lima y los principales centros urbanos.
Sin embargo, conforme avanzó la noche y comenzaron a ingresar los datos de las zonas rurales, las regiones del sur del país y los votos emitidos por los ciudadanos residentes en el extranjero, Sánchez acortó la distancia de manera paulatina hasta superar a su rival por escasas décimas porcentuales. Este comportamiento del escrutinio evoca procesos electorales peruanos previos, donde el voto rural e interior suele ser el último en contabilizarse y altera radicalmente la tendencia inicial.
Ante la estrechez de los márgenes, las autoridades electorales han hecho un llamado a la calma y a la madurez democrática de la ciudadanía, pidiendo evitar proclamaciones anticipadas de victoria que puedan exacerbar los ánimos en las calles. La ONPE ha enfatizado que no se puede dar un ganador definitivo hasta que se revise la totalidad de las actas de sufragio. El gran desafío logístico y legal se centra ahora en la revisión de más de mil quinientas actas observadas o impugnadas, las cuales presentan borrones, inconsistencias numéricas o reclamos específicos de los personeros de ambos partidos políticos.
Establecer cuándo se tendrán los resultados finales y la declaratoria oficial del ganador depende directamente de la velocidad con la que se resuelvan estas controversias legales. El proceso de fiscalización y resolución no corresponde a la ONPE, sino a los Jurados Electorales Especiales en primera instancia y, en última y definitiva vía, al Jurado Nacional de Elecciones.
Fuentes del sistema electoral han adelantado que este proceso de revisión legal, que exige una evaluación minuciosa de cada impugnación para salvaguardar la integridad del voto popular, podría demorar varias semanas. En consecuencia, la proclamación y declaratoria oficial del nuevo presidente de la República de Perú por parte del Jurado Nacional de Elecciones se proyecta para finales de junio o principios de julio, una vez resueltas de forma unánime y transparente todas las apelaciones interpuestas por las agrupaciones políticas.
