México.– Las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos han alcanzado un punto crítico tras confirmarse que, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025, un total de 17 migrantes mexicanos han perdido la vida en incidentes relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La alarmante cifra, que combina decesos ocurridos dentro de centros de detención y homicidios perpetrados durante operativos de captura, ha provocado un endurecimiento sin precedentes en la postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con los registros de la Cancillería mexicana, del total de las 17 víctimas mortales, 14 fallecieron mientras se encontraban bajo la custodia directa de las autoridades migratorias en distintos complejos de detención del país vecino, mientras que las otras tres perdieron la vida a causa de disparos en redadas de la agencia federal.
El detonante que colmó la paciencia del Ejecutivo mexicano fue el reciente caso de Lorenzo Salgado, un mexicano que murió tiroteado por un agente de ICE en Houston, Texas, un hecho que desató indignación social y cuestionamientos sobre el uso desproporcionado de la fuerza letal.
La gravedad del caso se intensificó luego de que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) acusara a ICE de presionar activamente a los tres testigos sobrevivientes.
Ante la falta de respuestas claras y puntuales por parte de la Casa Blanca, la presidenta Sheinbaum anunció un viraje radical en su estrategia de protección.
El gobierno mexicano ya no se limitará al envío de notas diplomáticas de protesta, sino que recurrirá a la vía judicial mediante la presentación de denuncias penales e impulsando litigios estratégicos directamente en las cortes federales estadounidenses.
El objetivo de esta ofensiva jurídica es romper la inmunidad de la que suelen gozar los agentes migratorios y fincar responsabilidades criminales por la muerte de los connacionales.
Paralelamente, la mandataria ordenó una reconfiguración de la red consular en territorio estadounidense. Los cónsules mexicanos, que habitualmente realizaban visitas semanales a las instalaciones de ICE, recibieron la instrucción presidencial de inspeccionar diariamente dichos centros para verificar las condiciones de salud y de reclusión de los ciudadanos arrestados.
Asimismo, México ha elevado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas instancias de las Naciones Unidas para visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la comunidad migrante.
Durante sus conferencias de prensa matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido un discurso firme pero analítico, recalcando que el «único delito» de estas personas es carecer de una documentación legal, mientras que su verdadera actividad en Estados Unidos es trabajar y sostener la economía de ambas naciones.
A pesar de que la administración de Trump ha intensificado las detenciones masivas y acelerado los procesos de expulsión como parte de sus promesas de campaña, el gobierno mexicano enfatizó que la soberanía y la robusta relación comercial bilateral —donde Estados Unidos recibe el 80% de las exportaciones mexicanas— no serán moneda de cambio para callar ante los abusos y los homicidios de sus ciudadanos.
