Perú.- El Gobierno de Keiko Sofía Fujimori Higuchi declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la región andina de Ayacucho, tras las secuelas dejadas por el terremoto de magnitud 7.2 grados registrado el pasado 20 de agosto. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se situó a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora y a 108 kilómetros de profundidad, dejó un saldo oficial de tres heridos, casi 500 personas afectadas y severos daños materiales en la infraestructura pública y privada del sur del país.
Según las evaluaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la emergencia afectó al menos 122 viviendas, además de 26 establecimientos de salud y 21 instituciones educativas en localidades como Coracora, Puquio y Puyo. Aunque la considerable profundidad del hipocentro evitó un escenario de colapso masivo o pérdidas humanas mortales en el departamento de Ayacucho, los desprendimientos de rocas e interrupciones del suministro eléctrico obstaculizaron temporalmente el tránsito en las vías interprovinciales.
El impacto en la zona andina se suma a un periodo de persistente actividad telúrica en la nación sudamericana, que ya contabiliza más de 500 sismos en lo que va del año. Esta seguidilla incluye el antecedente del mes de julio en la región central de Junín, donde un sismo de magnitud 5.4 causó la muerte de cinco personas y dejó a cientos de damnificados tras el derrumbe de viviendas vulnerables. La acumulación de eventos en el Cinturón de Fuego del Pacífico ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la resistencia de las infraestructuras rurales.
En el plano político y presupuestario, la declaratoria de emergencia suscrita por el Ejecutivo faculta la ejecución de medidas de excepción y la respuesta inmediata por parte de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación. Los gobiernos regionales y locales coordinarán la asistencia humanitaria, la entrega de materiales de abrigo y refugio temporal, así como las labores de rehabilitación física en los colegios y centros sanitarios afectados.
En el ámbito social y económico, la catástrofe compromete la dinamización de los sectores agrícolas de los Andes del sur, cuyos productores enfrentan bloqueos en rutas secundarias para el traslado de bienes. Las autoridades descartaron oportunamente una alerta ante posible tsunami en la costa pacífica, concentrando la totalidad del despliegue en la reconstrucción de las estructuras dañadas y en el reforzamiento de los protocolos de respuesta sísmica en los distritos andinos en mayor riesgo.
