El Salvador.- El modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele enfrenta cuestionamientos por parte de organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales internacionales y analistas del sistema penal. La causa central radica en la consolidación de los megajuicios y procesos penales colectivos que juzgan de manera simultánea a cientos de presuntos integrantes de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han capturado a más de 92 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas. Con las reformas legislativas aprobadas para gestionar el colapso del sistema penitenciario y judicial, los tribunales quedaron facultados para agrupar en un solo expediente hasta a 900 imputados, a quienes se les atribuyen miles de delitos de forma acumulada sin necesidad de desglosar la responsabilidad individual de cada acusado.
Los juicios celebrados desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y otras prisiones de alta seguridad muestran a cientos de procesados vestidos de blanco, rapados y conectados por videoconferencia. En estos escenarios, jueces especiales imponen condenas que alcanzan los 85 años de cárcel para bloques enteros de procesados.
Las denuncias de la comunidad internacional y de defensores de derechos humanos se centran en la anulación del debido proceso. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch sostienen que juzgar de forma masiva impide a los defensores presentar pruebas individualizadas, vulnera la presunción de inocencia y legítima penas colectivas.
Investigaciones e informes de entes independientes documentan irregularidades como el uso de denuncias anónimas, fichas policiales con información escasa o no verificada y la falta de contacto directo entre los acusados y sus abogados asignados. La situación se agrava ante el reconocimiento por parte de las propias autoridades gubernamentales de que miles de personas inocentes han sido capturadas de manera injusta durante las redadas en barrios populares.
Pese a la presión ejercida desde el exterior por la falta de garantías constitucionales y por las más de 500 muertes reportadas bajo custodia del Estado, la estrategia gubernamental conserva un amplio respaldo interno, lo que abona en la popularidad que ha logrado el presidente. Las autoridades defienden estas medidas bajo el argumento de que el país ha alcanzado las tasas de homicidios más bajas de América Latina. Sin embargo, analistas advierten que la sustitución de la justicia individual por fallos en bloque establece un antecedente preocupante para el Estado de derecho en la región.
