Funcionarios locales rechazan amenaza de intervención estatal en las elecciones en Harris County tras polémica por registros de votantes.
Las elecciones en Harris County volvieron al centro del debate político en Texas luego de que el gobernador del estado sugiriera que el condado debería perder el control de sus propios procesos electorales. La declaración generó una respuesta inmediata de funcionarios locales, quienes rechazaron cualquier posibilidad de una toma de control por parte del gobierno estatal y calificaron la amenaza como un intento de politizar el sistema electoral.
El comentario del gobernador surgió tras un informe que reveló que más de 100 registros de votantes estaban vinculados a apartados postales privados, una práctica que generalmente viola la ley estatal. Sin embargo, autoridades del condado aseguraron que el asunto ya fue atendido y que no existe evidencia de fraude electoral ni de votos emitidos de forma ilegal.
El origen de la controversia
La polémica sobre las elecciones en Harris County comenzó después de que la oficina del tasador-recaudador de impuestos del condado identificara registros de votantes asociados a direcciones de apartados postales. La ley de Texas, en términos generales, prohíbe el uso de P.O. boxes como dirección para el registro electoral, aunque contempla excepciones específicas.
El gobernador Greg Abbott reaccionó públicamente al informe y afirmó que el condado más poblado del estado “debería ser despojado de la operación de elecciones”, además de sugerir posibles consecuencias legales para funcionarios electorales locales.
Harris County, que en los últimos años se ha consolidado como un bastión demócrata, ha sido objeto recurrente de escrutinio por parte de líderes republicanos estatales.
Respuesta del condado: “No tiene autoridad”
En respuesta, el fiscal interino del condado, Jonathan Fombonne, afirmó que el gobernador no tiene autoridad legal para intervenir o tomar control de las elecciones del condado ni para presentar cargos criminales contra funcionarios electorales locales.
“El ataque carece de fundamento y socava la confianza pública en el proceso democrático”, señaló Fombonne en un comunicado, al tiempo que defendió el manejo que el condado ha dado a las observaciones planteadas por el estado.
Medidas ya tomadas por el registro electoral
La oficina de la tasadora-recaudadora de impuestos y registradora de votantes, encabezada por Annette Ramirez, fue reconocida por los comisionados del condado por atender de manera rápida las inquietudes planteadas.
Ramírez explicó que su oficina implementó un proceso interno para identificar direcciones sospechosas que pudieran corresponder a apartados postales comerciales. Cuando una dirección es marcada, se realiza una investigación para confirmar si se trata de una residencia válida.
Según la funcionaria, algunos apartados postales están ubicados dentro de complejos habitacionales y sí califican como direcciones residenciales legales. Además, señaló que aproximadamente 25% de las direcciones cuestionadas estaban fuera de Harris County, lo que redujo aún más el alcance del problema.
Sin evidencia de votos ilegales
Hasta el momento, ni el senador estatal Paul Bettencourt ni la secretaria de Estado de Texas han afirmado que los registros detectados hayan derivado en votos emitidos de manera ilegal o que hayan afectado el resultado de alguna elección.
De acuerdo con datos oficiales, Harris County contaba con más de 2.6 millones de votantes registrados hasta noviembre de 2024. Las autoridades locales subrayaron que el número de registros cuestionados representa una fracción mínima del padrón electoral.
Además, la ley estatal contempla excepciones al uso de direcciones postales para ciertos grupos, como militares en servicio activo, sus familias y personas con preocupaciones de seguridad, entre ellas sobrevivientes de violencia doméstica o jueces que buscan proteger su domicilio.
Un historial de tensiones con el estado
Las elecciones en Harris County han estado bajo la lupa estatal desde 2020, cuando el condado implementó medidas para ampliar la participación electoral durante la pandemia, como el voto desde el automóvil. Esa modalidad fue prohibida posteriormente por la Legislatura de Texas en 2021.
Tras problemas logísticos durante las elecciones de 2022, incluyendo escasez de boletas en algunos centros de votación, legisladores republicanos impulsaron cambios legales en 2023 para reforzar lo que denominaron “integridad electoral”.
Entre esas medidas se eliminó el cargo de administrador electoral del condado y se transfirió el control del registro de votantes a la oficina del tasador-recaudador, mientras que la Oficina del Secretario del Condado quedó a cargo de la administración de las elecciones.
Otras leyes abrieron la puerta a mayor supervisión estatal bajo ciertas condiciones, permitiendo que autoridades estatales intervengan a través de un proceso de quejas formales.
Reacción desde el liderazgo del condado
La jueza del condado, Lina Hidalgo, afirmó que existe un esfuerzo claro por desacreditar al condado y politizar las elecciones en Harris County.
“Eso ocurre porque no están a cargo de Harris County”, declaró Hidalgo durante una conferencia de prensa. “La gente de este condado eligió a sus autoridades, y eso es lo que algunos en el estado no aceptan”.
Qué sigue para Harris County
Por ahora, las autoridades locales aseguran que continuarán cumpliendo con la ley estatal y defendiendo el control local de las elecciones. Mientras tanto, la controversia refuerza el debate sobre hasta dónde puede llegar la supervisión estatal y qué impacto tiene en la confianza de los votantes en uno de los condados más grandes y diversos del país.
