Un caso federal que arranca esta semana pondrá bajo revisión las temperaturas extremas en las cárceles de Texas. La disputa se centra en cuánto tiempo puede tardar el estado en enfriar celdas donde viven miles de reclusos sin aire acondicionado.
Texas llega a una semana clave en la batalla por el aire acondicionado en sus prisiones. Un juicio federal que comienza este lunes podría derivar en una orden para climatizar decenas de instalaciones del sistema penitenciario estatal, donde cerca del 70% de las personas encarceladas vive sin aire acondicionado y las temperaturas dentro de las celdas superan con frecuencia los 90 grados durante el verano.
De acuerdo con documentos del caso, la demanda sostiene que el estado expone a reclusos, guardias y otros empleados a calor peligroso y que esas condiciones ya se han relacionado con muertes por exposición térmica. La petición central busca que las celdas se mantengan entre 65 y 85 grados, un rango parecido al que ya rige en cárceles locales de Texas y en prisiones federales.
El juicio arranca con un juez que ya cuestionó la legalidad de las condiciones
La audiencia llega después de una orden emitida en marzo de 2025 por el juez federal Robert Pitman, quien concluyó que los demandantes probablemente podrían ganar el caso en juicio. En esa resolución, el tribunal consideró que las celdas con calor extremo podrían violar la protección constitucional contra castigos crueles e inusuales.
El expediente tomó fuerza tras una audiencia celebrada en julio de 2024, donde exreclusos describieron escenas extremas dentro de las prisiones. Según los registros judiciales, algunos internos reportaron que usaban agua del inodoro para inundar sus celdas y pasar la noche sobre el piso mojado mientras intentaban bajar la temperatura del cuerpo.
En esa misma etapa del caso, el entonces director del Texas Department of Criminal Justice, Bryan Collier, reconoció que el calor contribuyó al menos a tres muertes de internos en 2023. También admitió que el sistema enfrentaba una rotación de personal inusualmente alta mientras empleados enfermaban por exposición al calor.
El sistema penitenciario llega al juicio con cifras acumuladas de enfermedad y muerte
Esta semana el caso también volverá a poner bajo juramento a altos mandos del sistema penitenciario. El actual director ejecutivo de TDCJ, Bobby Lumpkin, figura entre los funcionarios que podrían ser interrogados durante el proceso. En una declaración previa, Lumpkin reconoció que en 2025 hubo 11 empleados y 12 internos afectados por enfermedades relacionadas con el calor.
En el mismo proceso judicial también quedó asentado que 23 personas murieron por causas vinculadas al calor en instalaciones de TDCJ entre 1998 y 2012. Los abogados de la parte demandante buscan además incorporar otras lesiones y muertes relacionadas con altas temperaturas, incluidas dos fatalidades más registradas en 2024.
El juicio no solo gira alrededor de lo ocurrido en años anteriores. También medirá si el estado ha reaccionado con la rapidez suficiente frente a un problema que lleva años documentado dentro del segundo sistema penitenciario más grande del país.
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La discusión ya no es solo si el calor es ilegal, sino cuánto tardará la solución
El punto más fuerte del juicio parece haberse desplazado. Después de la orden preliminar del juez, el debate principal se centra ahora en el calendario de solución. La parte demandante sostiene que Texas podría instalar aire acondicionado permanente en un plazo de tres años. TDCJ responde que el ritmo actual ya refleja el máximo avance posible con los recursos disponibles.
Según datos del sistema penitenciario, desde 2018 se han instalado 15,000 “cool beds”, es decir, camas en celdas con aire acondicionado. A la fecha, 52,000 de más de 145,000 camas totales están climatizadas.
El tribunal ya había rechazado antes una petición para instalar aire acondicionado temporal en las más de 100 instalaciones del sistema mientras avanzaba la demanda. La decisión se apoyó en que esa ruta consumiría tiempo y fondos que podrían terminar desviándose del sistema permanente, ya que ambos requieren tecnologías distintas.
La pelea también pasa por el presupuesto y por el Capitolio estatal
La falta de aire acondicionado en las prisiones de Texas también ha chocado varias veces con la política estatal. La Cámara de Representantes de Texas, controlada por republicanos, ha votado en tres ocasiones para exigir aire acondicionado en todo el sistema penitenciario estatal. Esas medidas no avanzaron en el Senado estatal, también bajo control republicano.
Este año, la Legislatura asignó 118 millones de dólares para el proyecto, pero TDCJ ha calculado que todavía necesitaría cientos de millones más para completarlo. Antes de dejar el cargo el verano pasado, Collier había señalado que la agencia compartía la meta de ampliar el enfriamiento, pero que no había recibido suficiente financiamiento para resolverlo a la velocidad necesaria.
El propio expediente del caso refleja esa tensión: el sistema sostiene que avanza conforme lo permite el dinero disponible, mientras la parte demandante argumenta que Texas ha acelerado otros proyectos de infraestructura en plazos mucho más cortos.
La resolución final todavía podría tardar años
Aunque el juicio arranca esta semana, una solución definitiva no parece cercana. El proceso está previsto para durar dos semanas. Después de eso, el juez podría tardar un año o más en emitir una resolución final.
Aun si el fallo favorece a los demandantes, el caso probablemente seguiría a una nueva etapa de apelaciones. El estado casi con seguridad recurriría al 5th Circuit Court of Appeals, uno de los tribunales federales de apelación más conservadores del país.
Ese dato importa porque en 2016 ese mismo tribunal determinó, en un caso distinto de Luisiana, que el aire acondicionado no era necesario en una prisión. Esa decisión no resuelve automáticamente el caso de Texas, pero sí marca el terreno judicial que vendría después.
La demanda también llegó al arranque del juicio con cambios en su lista de demandantes. El juez retiró del caso a Bernhardt Tiede II después de que el estado argumentó que su traslado a una celda con aire acondicionado eliminaba el riesgo inmediato para él. También quedó fuera una de las organizaciones que participaban en la demanda, mientras otras tres agrupaciones continuaron representando a personas encarceladas dentro del sistema estatal.
