Washington.- — El gobierno dio marcha atrás en su intención, anunciada el pasado 22 de mayo, de obligar a solicitantes de residencia permanente («green card») a tramitarla en su país de origen, informó el New York Times. La medida inicial buscaba que los migrantes abandonaran Estados Unidos para concluir su proceso consular, lo que desató una ola de pánico ante el riesgo de enfrentar castigos de reingreso automáticos de hasta diez años.
La drástica propuesta provocó rechazo unánime de organizaciones civiles, abogados de inmigración y legisladores, quienes advirtieron que la norma separaría de forma masiva a miles de familias y colapsaría los ya saturados consulados en el extranjero. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se vio obligado a reconsiderar el plan tras evaluar el incalculable impacto legal y social que generaría.
Con este retroceso, los inmigrantes elegibles que ya se encuentran en territorio estadounidense podrán continuar realizando el «ajuste de estatus» de manera interna, sin necesidad de salir del país. Aunque la administración mantiene una estricta política de control migratorio, esta rectificación representa un alivio temporal para los solicitantes, deteniendo una de las medidas más controvertidas de la agenda migratoria reciente.
