El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas en Estados Unidos.
El exmandatario, que según la fiscalía neoyorquina creó un narcoestado durante sus ocho años de presidencia (2014-2022), está acusado de conspirar para traficar droga y armas y de poseer armas.
La decisión de los 12 miembros del jurado que lo determinaron culpable haría que el expresidente pase el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony, condenado a cadena perpetua en 2021.
Frente al tribunal, un grupo de manifestantes erigió un altar con fotos de personas asesinadas durante la “narcodictadura” del mandatario, mientras otro grupo, con megáfono en mano, iba desgranando nombres y un coro gritaba: “Aquí está tu narco presidente”.
La sala del tribunal estaba abarrotada de hondureños que vinieron, muchos de Honduras, a presenciar este juicio histórico.
Mery Rodríguez García, que se acercó desde la vecina Nueva Jersey, quiere “justicia para Honduras”.
“Él (Hernández) es el grande, pero hay camellitos abajo de él que siguen la corrupción”, dijo.
El jurado se pronunció sobre un cuestionario sobre los tres cargos. Para el fiscal Jacob H. Gutwillig, no hubo duda de que el expresidente “es un narcotraficante” y “es culpable más allá de la duda razonable”.
Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga, entre ellos del cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán (que también fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos), a cambio de protegerlos de la extradición y ofrecer seguridad con ayuda de militares, policía y la justicia a sus valiosas mercancías procedentes de Colombia con destino final al mercado estadounidense.
Durante la presidencia de Hernández, Honduras se convirtió en una “súper autopista” para la cocaína colombiana, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022 la red que apoyó brindada por el presidente logró la introducción de más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La defensa había pretendido socavar las declaraciones de los testigos (la mayoría narcotraficantes que buscan reducir sus penas con su cooperación) y la falta de pruebas que apuntalen sus acusaciones.
Aunque con las acusaciones de conspiración, basta la duda más allá de lo razonable del jurado de que dos o más personas se pusieron de acuerdo para enviar droga a Estados Unidos para condenarlo.
“La única prueba que tenemos es la palabra de un narcotraficante a otro narcotraficante”, dijo el abogado de la defensa Renato Stabile, que recordó al jurado que el exmandatario promulgó leyes contra el lavado de dinero, la incautación de bienes de origen delictivo y autorizó las primeras extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos.
El expresidente tenía dos caras: una pública que fingía combatir el tráfico de drogas, pero otra que en privado protegía a los suyos, había dicho poco antes el fiscal Gutwillig para desestimar la defensa del expresidente.
Hernández, que se siente “víctima de una venganza”, tachó a los testigos de “mentirosos profesionales”.
“Todos tienen muchos motivos para mentir”, dijo en el estrado, donde subió pese a que no estaba obligado a declarar en esa etapa del juicio.
“¿El único que dice la verdad es usted?”, le cuestionó el fiscal Kyle Wershba tras un duro interrogatorio en el que le puso contra las cuerdas cuando le preguntó por qué protegió a su hermano Tony, acusado de narcotráfico y que no fue detenido hasta 2018 en el aeropuerto de Miami.
A lo largo del juicio, la docena de testigos de la fiscalía pusieron de manifiesto los estrechos vínculos entre narcotráfico y política en el país centroamericano.
El predecesor de Hernández, Porfirio Lobo, también fue acusado por su hijo de haber recibido dinero del narcotráfico.
