California.- El fiscal general de este estado, Rob Bonta, presentó el quinto informe del Departamento de Justicia estatal (DOJ) sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El documento revela un alarmante deterioro en las instalaciones debido a la campaña de deportación masiva de la Administración del presidente Donald Trump, la cual generó hacinamiento crónico y una severa escasez de recursos esenciales.
Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se registró la muerte de seis personas migrantes detenidas, la cifra más alta desde que iniciaron estas inspecciones en 2017. Los hallazgos del DOJ confirman que los siete centros activos en el estado operan bajo condiciones de calidad inferior que vulneran las propias normas de detención de ICE, encendiendo las alarmas sobre la seguridad de los internos y la falta de rendición de cuentas.
De acuerdo con el informe, la población bajo custodia experimentó un incremento sin precedentes del 162%, pasando de 2 mil 303 internos en 2023 a 6 mil 028 en 2025. Este repunte se atribuye a la política federal de detención indefinida y la negativa de otorgar fianzas. El DOJ destacó que la mayoría de los afectados carece de antecedentes penales y pertenece a categorías de baja seguridad.
Las inspecciones evidenciaron graves deficiencias operativas. En materia de salud, el personal médico se encuentra rebasado; los detenidos reportaron la cancelación de citas y la falta de atención a enfermedades crónicas o emergencias, lo que provocó crisis médicas evitables. Asimismo, los procesos de admisión, que por norma deben durar un máximo de 12 horas, se prolongaron por días, obligando a los recién llegados a dormir en el suelo sin acceso a agua ni ropa adecuada.
El informe detalla condiciones insalubres generalizadas, que incluyen el suministro de alimentos mal cocidos, agua turbia en los grifos y temperaturas gélidas. En el centro de California City, los internos tuvieron que improvisar mangas con sus calcetines para protegerse del frío. También se denunciaron barreras al debido proceso, uso excesivo de la fuerza mediante aerosol de pimienta y prácticas denigrantes como revisiones al desnudo obligatorias en Otay Mesa.
Ante este panorama, Bonta urgió a la administración federal a intervenir y respaldó iniciativas legislativas estatales para mantener la supervisión de estos centros más allá de 2027.
