Colombia.- Apenas tres días después de haber asumido la Presidencia de la República el pasado 7 de agosto, Abelardo De La Espriella enfrenta la primera y más severa prueba de fuego para su naciente administración. Un devastador terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió con violencia al país el lunes 10 de agosto, dejando a su paso más de un centenar de víctimas mortales, decenas de heridos y cuantiosos daños en la infraestructura del occidente colombiano y del Eje Cafetero.
Sin embargo, más allá de la incuestionable tragedia humana y logística que supone el desastre natural, el fenómeno telúrico irrumpe en la escena pública como un catalizador político de primer orden que pondrá a prueba la capacidad de respuesta, el estilo de mando y la efectividad del esquema de gobierno trazado por el nuevo mandatario.
La llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño estuvo precedida por un clima de alta polarización, intensos debates institucionales y recientes episodios de violencia y atentados que marcaron la agenda nacional durante el periodo de transición.
Frente a este panorama, el jefe de Estado construyó su plataforma política sobre la promesa de un liderazgo de mano firme, con una impronta personalista, centralizada y orientada a la restauración del orden y la presencia institucional bajo la premisa de la defensa patricia.
En este contexto de máxima exigencia ideológica y de cuestionamientos sobre su modelo de gestión, el terremoto obliga al mandatario a trasladar de inmediato su narrativa doctrinal hacia el terreno pragmático de la atención de emergencias civiles, donde la retórica cede el paso a la velocidad de la logística y al despliegue operativo del Estado.
Tras el sismo, De La Espriella buscó proyectar una imagen de control absoluto y presencia inmediata. A través de sus pronunciamientos y plataformas de comunicación, anunció que asumía personalmente la dirección de la crisis, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y declaró el estado de desastre de carácter nacional.
Asimismo, desplazó a su gabinete hacia los territorios golpeados y reprogramó su agenda institucional para trasladarse a Pereira y supervisar los trabajos de rescate. Esta respuesta vertiginosa busca enviar un mensaje contundente tanto a la ciudadanía como a la oposición: la determinación ejecutiva que promovió durante su campaña y su proyecto de gobierno se mantendrá inalterable ante cualquier eventualidad, priorizando el liderazgo directo frente a la burocracia tradicional.
No obstante, el reto político que encara el presidente es monumental. La atención de un desastre natural de esta magnitud exige articular capacidades institucionales con gobiernos regionales y locales con los que no necesariamente comparte afinidad política, lo que someterá a revisión su capacidad de concertación y de construcción de consensos en momentos de conmoción social.
Además, la gestión del riesgo de desastres expondrá la eficiencia de las dependencias estatales para canalizar recursos, evitar la saturación de los sistemas de salud y gestionar la ayuda humanitaria en zonas históricamente marginadas.
