California.- Una madre mexicana residente en San Diego enfrenta una severa crisis legal y financiera tras recibir por correo una notificación donde las autoridades de Estados Unidos le exigen el pago de una multa por un millón 820 mil dólares, la cual debe saldar en un plazo de apenas 30 días por no haber abandonado el país tras una orden judicial de deportación.
La migrante mexicana, de la cual se determinó mantener su identidad bajo reserva por cuestiones de seguridad, llegó a territorio estadounidense siendo todavía una niña, ya que sólo tenía 12 años; destaca su buena conducta, ya que no cuenta con antecedentes penales y es madre de tres ciudadanos estadounidenses. Su abogado, William Menard, explicó que hace aproximadamente 13 años su clienta inició un trámite para obtener la residencia legal; sin embargo, durante el proceso descubrió que una corte migratoria había emitido una orden de salida en su contra desde hacía 23 años.
En lugar de concretar su regularización, la afectada recibió la millonaria sanción económica acompañada de una advertencia oficial: cualquier retraso en el pago generará recargos adicionales y otras sanciones. De no cubrir la cantidad exigida, enfrenta el riesgo del embargo de su vivienda, sus vehículos y sus cuentas bancarias, bienes que ha reunido tras décadas de trabajo.
Esta ofensiva de asfixia económica se fundamenta en una ley de migración aprobada en 1996. La normativa establece que si un extranjero incumple una orden de salida impuesta por un juez, se le puede aplicar una penalización de 998 dólares diarios hasta por un límite acumulado de cinco años. La medida golpea de forma directa a migrantes que, tras recibir una orden de expulsión, optaron por presentar recursos legales o continuar con procesos de apelación dentro del sistema judicial.
El caso refleja una estrategia que ha cobrado un impulso inédito. Los senadores demócratas Alex Padilla y Dick Durbin denunciaron que la administración del presidente Donald Trump modificó la aplicación de esta legislación mediante una orden ejecutiva.
Esta modificación permitió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitir cerca de 65 mil multas similares a lo largo del presente año.
Según las estimaciones presentadas por los legisladores, la suma de estas sanciones representa reclamaciones económicas por un monto superior a los 36 mil millones de dólares dirigidas contra la comunidad migrante indocumentada.
