Washington.- Una amplia coalición integrada por más de veinte estados y diversas jurisdicciones locales interpuso acciones legales ante tribunales federales contra el gobierno del presidente Donald Trump, buscando paralizar la entrada en vigor de una normativa sobre la denominada «carga pública» que faculta a los oficiales de inmigración para denegar residencias permanentes a extranjeros que utilicen asistencia social.
La ofensiva judicial, encabezada por los fiscales generales de Nueva York, California e Illinois, desafía la reglamentación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que amplía los criterios discrecionales para evaluar si un solicitante de visado o residencia corre el riesgo de convertirse en una dependencia económica para el Estado.
Las demandas interpuestas en el distrito federal de Manhattan resaltan que dicha disposición viola la Ley de Procedimiento Administrativo y excede los límites legales establecidos originalmente por el Congreso en las normativas migratorias históricas.
Anteriormente los marcos regulatorios limitaban las evaluaciones de carga pública al cobro directo de beneficios monetarios en efectivo o al internamiento institucional a largo plazo financiado por el erario, la nueva regulación amplía la fiscalización hacia subsidios estatales de carácter no monetario.
Entre los programas que migración podría ponderar negativamente figuran la asistencia alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), los vales de vivienda pública y los servicios médicos bajo Medicaid.
Asimismo, los demandantes advierten que los oficiales quedan habilitados para considerar el uso de apoyos asistenciales solicitados en beneficio de dependientes o familiares, inclusive en el caso de menores que cuentan con la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Los procuradores estatales argumentan que el impacto social de la medida genera un severo «efecto disuasorio» o de confinamiento voluntario entre las familias de estatus migratorio mixto.
Estimaciones técnicas incorporadas a los escritos judiciales señalan que un porcentaje sustancial de residentes legales e inmigrantes elegibles optará por abandonar o renunciar a subsidios esenciales de salud, nutrición y vivienda por el temor infundado de que dicha asistencia afecte sus trámites de regularización futura o comprometa la permanencia de sus núcleos familiares en el país.
En el ámbito económico, los estados sostienen que la contracción masiva en la inscripción de programas públicos derivará en pérdidas multimillonarias para las finanzas locales.
Al reducirse el uso de coberturas médicas gubernamentales, las redes de hospitales comunitarios y los centros de salud pública asumirán costos de atención de emergencia no reembolsados.
Adicionalmente, las autoridades locales denuncian que la menor circulación de fondos federales destinados a subsidios de alimentación impactará directamente el comercio minorista local.
Voceros de la administración federal sostienen que el ajuste normativo busca restaurar el principio fundamental de que los inmigrantes deben autoabastecerse financieramente sin depender de la red de protección social del Estado.
La Casa Blanca ha defendido la legalidad de la orden señalando que los contribuyentes no deben asumir la carga económica de servicios públicos para personas no ciudadanas.
Las organizaciones de derechos civiles y los gobiernos estatales solicitaron una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el litigio de fondo en las instancias judiciales.
