La coordinación con autoridades migratorias (ICE) entra en revisión esta semana en la ciudad y el condado. Mientras Houston se prepara para votar si revierte su nueva ordenanza, Harris County discutirá posibles lineamientos propios sobre prácticas de control migratorio.
La política de ICE en Houston entra esta semana en una nueva fase. El Ayuntamiento de Houston se alista para revisar la ordenanza que limita ciertas interacciones entre la policía local y agentes federales de inmigración, mientras Harris County llevará a discusión sus propios lineamientos sobre prácticas de control migratorio.
El movimiento en ambos frentes llegó después de que el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar más de 110 millones de dólares en subvenciones de seguridad pública a la ciudad si no revierte la ordenanza aprobada por el concejo municipal. La medida local fue aprobada en una votación de 12 a 5 y prohíbe a los agentes detener a una persona o prolongar una parada de tráfico por órdenes civiles de inmigración.
El alcalde John Whitmire, quien respaldó esa ordenanza, convocó una sesión especial del Ayuntamiento para el viernes con el objetivo de derogarla tras la advertencia del estado. Un día antes, el jueves, Harris County Commissioners Court discutirá su propia evaluación sobre lineamientos de control migratorio a nivel condal.
Harris County llevará el tema de ICE a la mesa tras la ordenanza aprobada en Houston
La discusión en Harris County fue colocada en la agenda por el comisionado Rodney Ellis. De acuerdo con información del condado, Ellis busca que la Oficina de Administración del Condado y la Oficina del Abogado del Condado regresen en junio con propuestas de política sobre prácticas de aplicación migratoria.
La revisión fue planteada después de la ordenanza aprobada en Houston y forma parte de una conversación más amplia sobre seguridad pública. Entre los puntos que entran en esa discusión están las paradas de tráfico, identificadas por oficinas del condado como una de las interacciones que con más frecuencia terminan vinculadas a procesos migratorios.
En febrero, Commissioners Court aprobó una resolución para reiterar su postura sobre las operaciones de ICE y pedir al gobierno federal una reforma amplia en materia de aplicación migratoria. Esa resolución salió adelante con una votación de 3 a 1, con el comisionado Tom Ramsey en contra y la jueza del condado Lina Hidalgo ausente.
Ese documento también pidió a las agencias locales de seguridad mantener procesos claros y consistentes al detener y trasladar personas, sin importar su estatus migratorio.
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El sheriff del condado opera por separado de Commissioners Court
A diferencia de la Policía de Houston, que responde al alcalde y a lineamientos operativos definidos desde la ciudad, la Oficina del Sheriff de Harris County funciona bajo un sheriff electo y de manera independiente de Commissioners Court.
Eso significa que el tribunal de comisionados no fija la política operativa del sheriff, aunque sí supervisa su presupuesto y los recursos de las ocho oficinas de constables del condado. También por eso, parte del debate local se mueve entre lo que puede regular directamente el condado y lo que queda en manos de autoridades electas de forma independiente.
La Oficina del Sheriff coordina con autoridades federales de inmigración a través de detainers obligatorios en la cárcel del condado. El año pasado, Texas aprobó legislación que dio al personal carcelario autoridad para emitir detainers migratorios mediante acuerdos conocidos como 287(g).
De acuerdo con datos del condado, 895 personas estaban retenidas por detainers de ICE dentro de la cárcel de Harris County el lunes. Un reporte estatal sobre detenciones migratorias indica que esas retenciones recientes en la cárcel del condado representaron un costo de 3.3 millones de dólares.
La presión del estado por la política de ICE reabrió el debate en la ciudad
La nueva ordenanza de Houston quedó en el centro del conflicto político después de la carta enviada por Abbott al alcalde. En ese documento, el gobernador advirtió que retiraría más de 110 millones de dólares en fondos de seguridad pública si la ciudad no daba marcha atrás.
La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento limita la capacidad de los oficiales para detener a personas o extender detenciones de tráfico por órdenes civiles de inmigración. Tras la advertencia del estado, Whitmire citó una sesión especial para el viernes con la intención de derogar la medida.
El conflicto también provocó reacciones enfrentadas entre organizaciones de defensa de inmigrantes, figuras políticas conservadoras y funcionarios locales. De un lado, grupos proinmigrantes y defensores de derechos civiles sostienen que la medida aprobada por el concejo municipal se ajusta a protecciones constitucionales y evita que la política migratoria interfiera con la seguridad pública local. Del otro, líderes conservadores han insistido en que limitar la cooperación con ICE debilita el trabajo policial y complica la coordinación con autoridades federales.
En Harris County, el debate también ha dejado al descubierto los límites institucionales del propio tribunal de comisionados. Mientras algunas oficinas del condado han expresado apertura a revisar propuestas para mantener seguridad y protección de derechos, otras han recordado que Commissioners Court no puede imponer reglas operativas a agencias bajo funcionarios electos de forma independiente.
La sesión del jueves en Harris County y la votación prevista para el viernes en Houston colocan el tema en dos escenarios distintos, pero conectados por el mismo punto de fricción: hasta dónde pueden llegar la ciudad y el condado al fijar prácticas locales sobre control migratorio sin chocar con la presión política y presupuestaria del estado.
