La ciudad se encamina a votar la derogación de la política de ICE luego de que el estado amenazó con retirar $110 millones en fondos de seguridad pública. El alcalde dijo que el dinero en riesgo incluye recursos para el Mundial 2026, clases de cadetes, equipo y patrullas.
Houston se encamina a revertir la política aprobada la semana pasada para limitar ciertas interacciones entre agentes del Departamento de Policía de Houston y autoridades migratorias federales, después de que el alcalde John Whitmire anunció que la ciudad debe corregir la medida para evitar la pérdida de fondos estatales.
El giro llegó tras la advertencia de la administración del gobernador Greg Abbott, que notificó a la ciudad que podría retirar $110 millones en fondos de seguridad pública si Houston no revoca la ordenanza. De acuerdo con la información más reciente, el alcalde convocó a una reunión especial del Concejo Municipal para este viernes con el fin de votar la derogación de la política.
La presión estatal se aceleró en cuestión de horas. Aunque la carta enviada por el estado fijó como fecha límite el 20 de abril para corregir la medida, Whitmire aseguró que desde la tarde del lunes quedaron bloqueadas cuentas vinculadas a esos recursos. Entre los fondos en riesgo mencionó dinero para seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, clases de cadetes, equipo y vehículos policiales.
La ciudad se prepara para votar la derogación de la medida
La ordenanza fue aprobada la semana pasada por 12 votos a favor y 5 en contra. La propuesta eliminó el requisito previo de que los oficiales de HPD esperaran hasta 30 minutos para que agentes de ICE recogieran a una persona con una orden civil de inmigración. También impidió que un oficial detuviera a alguien o extendiera una parada de tránsito únicamente por ese tipo de orden administrativa.
La iniciativa fue impulsada por las concejales Alejandra Salinas, Abbie Kamin y Edward Pollard bajo el mecanismo de Proposition A, que permite a tres miembros del Concejo colocar un tema en agenda si cumple con los requisitos legales.
Durante meses, Whitmire había rechazado intentos por reducir la cooperación entre HPD e ICE y había sostenido que la ciudad ya cumplía con la ley estatal y federal. La semana pasada terminó votando a favor de la propuesta después de que el departamento legal de la ciudad eliminó una sección que habría dado a los oficiales discreción para decidir si llamaban o no a ICE. En ese momento, el alcalde consideró que el texto reflejaba una práctica ya existente dentro del departamento.
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El cambio de postura llegó después de la advertencia del estado
La posición del alcalde cambió después de la carta enviada por la oficina del gobernador. Según esa notificación, Houston quedó fuera de cumplimiento con su acuerdo para recibir fondos estatales de seguridad pública y debía revertir la política o enfrentar la devolución del dinero.
Con ese escenario, Whitmire pasó de respaldar la medida a impulsar su revocación. El alcalde sostuvo que la ciudad no puede operar sin esos recursos y colocó el tema de seguridad pública por encima del debate político dentro del Concejo.
El posible recorte también llega en un momento fiscal delicado para Houston. La ciudad enfrenta un déficit presupuestario proyectado de $174 millones al cierre del año fiscal en junio, por lo que la pérdida de fondos estatales añadiría presión sobre áreas operativas clave.
La política de ICE abrió un nuevo choque entre Houston y Austin
El episodio reactivó la tensión entre Houston y el gobierno estatal en temas de inmigración, autonomía local y financiamiento. Whitmire había llegado a la alcaldía con la idea de mantener una relación menos conflictiva con Austin que la vista en etapas anteriores, pero la disputa por esta política alteró ese equilibrio en pocos días.
Houston ya ha vivido enfrentamientos con el estado por recursos públicos y decisiones locales. En este caso, el conflicto gira alrededor de un punto operativo específico: qué puede hacer HPD cuando una persona tiene una orden civil de inmigración y cuánto puede involucrarse la policía local en ese proceso.
La decisión del alcalde de convocar una sesión especial coloca ahora la atención en el propio Concejo, que tendrá que decidir si desmonta una política aprobada apenas unos días antes.
Paxton también abrió una revisión sobre la legalidad de la medida
La presión no llegó solo desde la oficina del gobernador. El fiscal general Ken Paxton también inició una investigación para determinar si la ordenanza colocó a la ciudad en violación de la ley estatal.
Ese frente legal se abrió mientras la administración municipal empezaba a moverse para revertir la política. El resultado de la votación del viernes marcará el siguiente paso en una disputa que ya salió del terreno administrativo y entró de lleno en la relación política entre Houston y el estado.
