Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) contempla destinar entre 10 y 20 millones de dólares para equipar a sus agentes operativos con guantes de descarga eléctrica conocidos como G.L.O.V.E.
Esta iniciativa genera una intensa controversia social y política, pues se produce en un contexto de creciente fiscalización sobre las tácticas de detención de la agencia federal y tras severos cuestionamientos por operativos recientes donde el uso de armas de fuego y la fuerza desmedida produjeron heridas graves y víctimas mortales.
Dicha tecnología, desarrollada por la firma Compliant Technologies, transmite una pulsación eléctrica mediante el contacto directo con la piel del individuo sujeto a arresto. A diferencia de las pistolas táser convencionales, este sistema no dispara dardos a distancia ni genera marcas o quemaduras visibles en el cuerpo de la víctima.
Quienes respaldan la implementación del equipo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostienen que representa un recurso no letal efectivo para lograr el sometimiento físico de personas no cooperativas en cuestión de segundos, reduciendo la necesidad de recurrir a la fuerza física bruta o al uso de armamento de fuego en situaciones de alta tensión.
Sin embargo, múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos y legisladores han expresado su rechazo categórico a la medida. Advierten que entregar un dispositivo de esta naturaleza a miles de efectivos incrementará exponencialmente el riesgo de abusos y violencia física durante las redadas migratorias.
Al no dejar huellas ni lesiones superficiales evidentes, la utilización excesiva o injustificada del guante resulta sumamente difícil de documentar o probar en investigaciones posteriores, incluso con el uso de cámaras corporales de fiscalización.
Cabe resaltar que hay antecedentes de demandas judiciales interpuestas en centros penitenciarios locales donde el uso reiterado de estos guantes provocó severas complicaciones médicas, fallas cardíacas e incluso contribuyó a la muerte de personas bajo custodia.
Las alertas también se centran en que el propio fabricante desaconseja el empleo de estas descargas en personas con condiciones médicas preexistentes, adultos mayores, menores de edad o mujeres embarazadas, sectores que frecuentemente quedan atrapados en las operaciones de detención masiva. Para las organizaciones civiles, la adquisición de estas herramientas no solucionará las fallas estructurales del sistema migratorio ni garantizará un trato digno, sino que sumará una vía opaca de sometimiento para la población vulnerable.
