Nicaragua.- Al menos 263 periodistas se vieron obligados a salir de este país por la persecución sufrida tras las protestas opositoras de 2018, según un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
La ONG detalló en un informe trimestral sobre violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua que “la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones en contra del periodismo independiente y las voces críticas ‘mantiene su esplendor’” bajo el gobierno del socialista Daniel Ortega.
FLED, que funciona desde Costa Rica, señaló que durante el trimestre abril-junio 34 profesionales de la comunicación abandonaron Nicaragua por “agresiones a la libertad de prensa” con discursos estigmatizantes como el hecho más recurrente.
“Nicaragua utiliza a sus voceros oficialistas para intentar desacreditar el trabajo de los hombres y mujeres de prensa, así como minimizar el impacto de los medios de comunicación independientes”, indicó el informe.
También, denunció que agentes policiales y paramilitares “visitaron e intimidaron” a periodistas, incluso bajo amenaza de encarcelarlos si no responden a sus preguntas formuladas.
De los 34 periodistas que salieron del país centroamericano el trimestre pasado, 17 debieron exiliarse porque “el Estado de Nicaragua los persigue”, señaló la ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados “arbitrariamente” en un contexto de “crisis de derechos humanos” bajo el gobierno de Ortega.
El exguerrillero, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista y volvió al poder en 2007, asegura que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Según la ONU, en tres meses de protestas se registraron más de 300 muertos.
En fechas recientes, además de tener en la mira a la prensa, el gobierno orteguista ha arremetido contra la iglesia católica, deteniendo a varios obispos y sacerdotes. Tan sólo el 14 de enero pasado, quince sacerdotes y dos seminaristas fueron liberados y expulsados al Vaticano.
Entre los liberados se encontraba el obispo Rolando Álvarez, un preso político de alto perfil que fue detenido en 2022 por criticar al gobierno y luego sentenciado a 26 años de prisión por presunta traición.
Además de los sacerdotes detenidos y liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega a finales de diciembre de 2023 por expresar solidaridad con Álvarez y otros presos políticos.
