El gobierno anunció sanciones contra seis empresas y 15 personas en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.
El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, afirmó que “el Gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los carteles violentos que se lucran con las ventas mortales de fentanilo en Estados Unidos”.
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades y otros activos que tengan las personas designadas en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses quedarán bloqueados.
La agencia sancionó a la firma de teléfonos móviles Smart Depot y varias personas, incluidos Arturo D’Ar- tagnan Marín González y Porthos Marin González, acusados de operar un cambio clandestino de monedas para el cártel de Sinaloa.
“En combinación con los proveedores de fentanilo del cartel, los hermanos Marín gestionaban las ventas en Estados Unidos y usaron lo producido de las ventas ilegales para la compra de teléfonos móviles de compañías estadounidenses”, indica el comunicado.
Los teléfonos eran después llevados a México para su venta en locales de Smart Depot en Culiacán y Mazatlán (Sinaloa), y en Cancún (Quintana Roo). “A medida que Smart Depot prosperaba y se expandía, los traficantes del cartel de Sinaloa recibían sus ganancias ilícitas en su moneda nacional”, señala.
Las sanciones también alcanzaron a Rolando Verduzco Castro y Je- sús Manuel León Valdez, a quienes el Departamento del Tesoro calificó como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Marín para sanear sus ganancias del tráfico de drogas.
También Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Iván Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.
“Algunos de los proveedores de fentanilo reclutados incluyen a Alan Gabriel Núñez Herrera, quien fuera compañero de Adeline Robledo, y Jesús Tirado Andrade, el operador de un laboratorio clandestino para los Chapitos”, añadió el comunicado.
Entre las empresas sancionadas en Culiacán se cuentan Bufaluss y Dulce Vocán, y las tiendas minoristas de ropas Royald Doom y Total Look porque son propiedad, controladas o dirigidas por Adilene Robledo e Iván Robledo, según el Tesoro.
También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil ‘Celulandia Taller & Store’ por su vinculación con el arreglo para lavado de dinero. Esto se suma a la acusación reciente contra Ismael “El Mayo” Zambada, líder de dicho cartel.
