Los gobiernos de Perú y Chile entraron en una etapa de tensión migratoria, luego de que cientos de haitianos, venezolanos y ciudadanos de otros países quedaran varados tras salir de Chile y luego de que este último país endurecieron los controles migratorios.
La cancillería peruana citó al embajador chileno en Lima, Óscar Fuentes, para “expresarle su protesta por la falta de colaboración” de la policía chilena ante un incidente con un grupo de migrantes que intentaron cruzar por la fuerza hacia suelo peruano.
Paralelamente, el gobierno chileno presentó una “nota diplomática de protesta” ante Perú por los dichos del alcalde de la ciudad de Tacna, Pascual Güisa, quien llamó “innombrable e irresponsable” al presidente chileno Gabriel Boric por la situación en la zona limítrofe.
Perú impide el paso de los migrantes alegando que no cuentan con un pasaporte sellado y visa vigente. Varios migrantes entrevistados por la Afp aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen.
Por su parte, la presidenta peruana, Dina Boluarte decretó por 60 días el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de los militares, para que refuercen la vigilancia policial en esas zonas.
La medida está encaminada a combatir la inseguridad, según la mandataria. Apoyándose en informes de prensa, Boluarte sostuvo que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”.
Las Fuerzas Armadas apoyarán las tareas de la policía en el control interno, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno peruano que además restringió derechos como el de libertad de tránsito y de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica se han concentrado un promedio diario de entre 150 a 200 personas. No obstante las posturas, autoridades peruanas aseguran que ambos gobiernos están en contacto desde el 21 de abril “con el objetivo de encontrar, de manera cooperativa, soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera”.
Al tiempo que militarizó las fronteras, el gobierno de Boluarte dispuso una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Perú, para que en ese lapso regularicen su situación.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estimó que la amnistía permitirá “que 100 mil personas refugiadas y migrantes en el país puedan regularizarse y actualizar sus datos”.
Ante la situación de los migrantes varados, la Acnur destaca que entre las personas más vulnerables se encuentran familias separadas, niños, niñas y adolescentes no acompañados, y también personas con enfermedades críticas y crónicas que se han visto obligadas a dormir en la calle por falta de alojamiento.
También han aumentado los riesgos hacia mujeres, niñas y comunidad LGTBIQ+, con casos reportados de abusos sexuales.
Frente a esta situación de emergencia, la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y sus socios están reforzando la respuesta de asistencia a las personas varadas y en tránsito en Tacna; y están brindando orientaciones, distribuyendo kits de emergencia y alimentos, hidratación, monitoreando la frontera para identificar grupos familiares en vulnerabilidad.
